Ley 7/2022 art. 11.3 · Obligatoria desde el 10/4/2025 · No deficitaria ● encajame.es

La nueva tasa de basuras: por qué te ha llegado y por qué ha subido

Si este año te ha llegado un recibo de basuras que antes no existía, o el de siempre se ha disparado, no es una ocurrencia de tu ayuntamiento: es una obligación estatal que arranca de una ley de 2022 y de un plazo que venció en abril de 2025.

Durante décadas, muchos ayuntamientos financiaban la recogida de basuras con el conjunto de sus ingresos —con el IBI, sobre todo—. Eso se acabó, y el cambio explica de golpe los recibos nuevos y las subidas.

10/4/2025

fecha límite que tenían los ayuntamientos para aprobarla

No deficitaria

debe cubrir el coste real del servicio, sin subvencionarlo

Específica

separada de cualquier otro tributo municipal

8.100

municipios, cada uno con su propia ordenanza y su propia cuantía

Qué obliga exactamente la ley

El artículo 11.3 de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados exige a las entidades locales establecer una tasa —o una prestación patrimonial de carácter público no tributario— específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos.

Cada palabra de esa frase tiene consecuencias en tu recibo:

Específica y diferenciada → no puede ir escondida dentro de otro tributo. De ahí que aparezcan recibos nuevos donde antes no había ninguno.
No deficitaria → el ayuntamiento no puede cubrir el servicio con dinero de otros impuestos. Si el servicio cuesta un millón, la tasa debe recaudar un millón.
Que refleje el coste real → y aquí está el motivo de las subidas: en muchos municipios la tasa antigua cubría una fracción del coste, y el resto salía del presupuesto general.
Que permita el pago por generación → orientación a que pague más quien más residuos genera.

El plazo eran tres años desde la entrada en vigor de la ley, es decir, hasta el 10 de abril de 2025. Por eso 2025 y 2026 han sido los años de las ordenanzas nuevas en toda España.

Que suba no significa que el servicio haya empeorado ni que tu ayuntamiento recaude de más. En la mayoría de los casos, lo que ocurre es que ese coste ya lo pagabas — solo que repartido en otros tributos y sin que apareciera en ningún recibo con su nombre. La ley obliga a hacerlo visible. Eso no quita que en algunos municipios el salto haya sido brusco por haber acumulado años de tasa muy por debajo del coste.

Por qué tu vecino de al lado paga otra cosa

Las diferencias entre municipios —y entre inmuebles del mismo municipio— son enormes, y son legales. La ley fija el qué, no el cómo: cada ayuntamiento aprueba su propia ordenanza fiscal y elige el criterio de reparto.

Los criterios más habituales:

Criterio	Cómo funciona	Dónde se usa
Valor catastral	La cuota se vincula al valor del inmueble, como el IBI	El más extendido, por comodidad de gestión
Superficie del inmueble	Metros cuadrados construidos, por tramos	Frecuente en municipios medianos
Número de habitantes de la vivienda	Se aproxima a la generación real de residuos	Menos común: exige datos del padrón
Tipo de actividad	Tarifas distintas para vivienda, comercio, bar, hotel	Prácticamente en todas las ordenanzas
Pago por generación	Cuota según residuos realmente generados (contenedores con identificación, bolsas específicas)	Todavía minoritario, pero es hacia donde empuja la ley

Que la cuota se calcule por valor catastral tiene una consecuencia incómoda: acaba pareciéndose a un segundo IBI, cuando quien vive en un piso de valor alto no genera necesariamente más basura. Es la crítica más repetida a estas ordenanzas, y el motivo por el que la ley señala el pago por generación como horizonte.

¿Quién paga: el propietario o el inquilino?

Depende de dos cosas, en este orden:

1. Qué diga la ordenanza fiscal. Es la que define quién es el sujeto pasivo. En unos municipios lo es el titular del inmueble; en otros, el ocupante o el titular del suministro de agua. Es lo primero que hay que mirar, y manda sobre cualquier acuerdo privado frente al ayuntamiento.

2. Qué diga el contrato de alquiler. La Ley de Arrendamientos Urbanos permite repercutir al inquilino los gastos por servicios que se individualicen mediante aparatos contadores, y también otros gastos generales siempre que se pacte por escrito y conste el importe anual a la firma del contrato.

La regla práctica, para no discutir: si el contrato no dice nada sobre la tasa de basuras, la paga el propietario. Y aunque el contrato la repercuta al inquilino, frente al ayuntamiento el obligado sigue siendo quien figure en la ordenanza como sujeto pasivo: el reparto entre casero e inquilino es un asunto privado entre ellos. Para el propietario que alquila, esta tasa es gasto deducible del rendimiento del alquiler en su IRPF cuando la paga él.

Bonificaciones: casi nadie las pide

Las ordenanzas suelen incluir reducciones que se conceden solo a solicitud del interesado. Merece la pena leer la de tu municipio, porque las más frecuentes son:

Compostaje doméstico o comunitario: bonificaciones que en algunos municipios llegan al 20-30 % de la cuota.
Uso acreditado del punto limpio: sistemas de puntos o tarjeta que descuentan en el recibo.
Situación económica: reducciones para perceptores de pensiones mínimas, del Ingreso Mínimo Vital o rentas por debajo de un umbral.
Familia numerosa y, en algunos casos, viviendas desocupadas acreditadas.

Cómo se impugna (y qué es realista esperar)

Hay dos cosas distintas que se pueden atacar, y conviene no confundirlas:

El recibo concreto, si crees que hay un error en tu caso —te cobran dos veces, el inmueble no es tuyo, no aplicaron una bonificación que pediste—. Se presenta un recurso de reposición ante el ayuntamiento, normalmente en el plazo de un mes desde la notificación o desde el fin del periodo de exposición pública del padrón.

La ordenanza fiscal en sí, que es donde se juega el fondo. Solo puede impugnarse ante el juzgado de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación definitiva, y por motivos concretos. Los que tienen recorrido:

Que la tasa supere el coste real del servicio (principio de equivalencia de la Ley de Haciendas Locales). La ley exige que no sea deficitaria, pero tampoco puede recaudar más de lo que cuesta.
Que el informe técnico-económico que la acompaña sea inexistente o no justifique el coste. Es un requisito obligatorio, y su ausencia ha tumbado ordenanzas.
Que los criterios de reparto sean arbitrarios o discriminatorios entre categorías de contribuyentes.

Antes de recurrir, pide el informe económico. El expediente de la ordenanza es público y el ayuntamiento está obligado a publicarlo. Ahí figura el coste del servicio y cómo se ha repartido: es el único documento con el que se puede sostener un recurso serio, y a menudo aclara la duda sin necesidad de pleitear. Impugnar "porque ha subido mucho" no prospera: los ayuntamientos tienen amplio margen para fijar sus tasas dentro de los límites legales.

Si quieres el panorama completo de los tributos municipales y cómo se impugnan, lo tienes en la guía de las tasas municipales.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que pagarla si el piso está vacío? En la mayoría de municipios, sí: la tasa se vincula al inmueble y al servicio disponible, no al uso efectivo. Algunas ordenanzas prevén exenciones para inmuebles en obras o sin suministros dados de alta, pero son la excepción y hay que solicitarlas.

¿Y si ya lo pagaba dentro del IBI? Precisamente por eso la ley obliga a separarla. Si tu ayuntamiento ha creado la tasa nueva, debería haber ajustado el resto — aunque nada le obliga a bajar el IBI en la misma proporción.

¿Puede un ayuntamiento no cobrarla? No. Es una obligación legal desde abril de 2025, y algunos consistorios que se retrasaron han tenido que aprobarla con efectos retroactivos dentro del ejercicio.

¿Es un impuesto? No: es una tasa, y esa diferencia importa. Una tasa retribuye un servicio concreto y su importe está limitado por el coste de ese servicio; un impuesto no. Es justo lo que permite discutirla.

Fuentes consultadas

Guía elaborada a partir de la Ley 7/2022 de residuos, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Ley de Arrendamientos Urbanos. Actualizado a agosto de 2026. La cuantía, los criterios de cálculo, las bonificaciones y el sujeto pasivo los fija la ordenanza fiscal de cada municipio, y varían enormemente: este artículo explica el marco común, pero para tu caso concreto la referencia es siempre la ordenanza de tu ayuntamiento, publicada en el boletín oficial de tu provincia.

Contenido elaborado y verificado por el equipo de encajame.es — tu referencia en fiscalidad y ayudas públicas en España.

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